Relatora de la ONU reconoció impacto de las sanciones ilegales de EEUU en el pueblo

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, ofreció este viernes una conferencia de prensa antes de abandonar el país, donde reconoció impacto de las sanciones ilegales de EEUU en el pueblo venezolano.

La Relatora de la ONU aseguró que las sanciones unilaterales violan el Derecho Internacional.

Durante la lectura de su informe, subrayó su preocupación sobre el impacto de las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central, que han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena. 

Douhan entregó el informe preliminar sobre su evaluación ante la aplicación de medidas coercitivas y unilaterales por parte de EE.UU. y sus aliados europeos contra Venezuela y especificó que el informe final será presentado ante la ONU el próximo mes de septiembre 2021, por lo que exhortó a los interlocutores a que sigan presentando material adicional para que los pueda reflejar en su informe final.

“El endurecimiento de las sanciones han socavado el potencial impacto de las reformas (económicas) así como la capacidad del Estado para implementar proyectos sociales”, dijo la relatora.

Durante la conferencia expecificó que se reunió con el presidente Nicolás Maduro, la Vicepresidenta de la República, Ministros de Relaciones Exteriores, Vivienda, Petróleo, Minas, Alimentación, Equidad de género, Ciencias, Tecnología, Transporte y Cultura.

“También con los presidentes de Pdvsa, BCV, Corte Suprema, Fiscal y Procurador General, miembros de la AN, defensor del pueblo y representantes de la oposición, con sindicatos, la iglesia católica, ONG de DDHH, personal médico, investigadores independientes y víctimas de violaciones de DDHH”. “Admito que Venezuela ha colaborado con toda la información que hemos necesitado para poder ejecutar las conclusiones”, dijo.

A través de su informe, la relatora hizo una radiografía de la situación actual de los venezolanos según el reporte que recogió en sus reuniones tanto con el Ejecutivo Nacional como con otros sectores del país, incluyendo a la oposición venezolana:

  • Reducción de los servicios y una disminución de su calidad: Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. La distribución de agua sólo puede hacerse “por turnos” para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas.
  • El uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones
  • Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares
  • Disminución de la plantilla de empleados públicos, impactando en la prestación y calidad de los servicios públicos.
  • Destacó la fuga de personal calificado de la administración pública debido a la merma en el salario
  • Disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020 y un creciente nivel de pobreza.
  • Falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas.
  • Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años.
  • Los impedimentos a la importación de alimentos han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años
  • El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.
  • Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016.
  • El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos.
  • La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016,
  • La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 
  • Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

La Relatora también destacó los intentos del gobierno venezolano para liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. “No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario”, reza el documento.

Consideraciones sobre la legalidad para la imposición de las sanciones:

  • El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015, donde se calificó al país como una amenaza como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela el cual ha sido repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional.
  • El propósito anunciado de la campaña de “máxima presión” -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.
  •  Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo.
  • La congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población. 
  • La inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados.Las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el principio de igualdad soberana de los Estados.

 

ENLACES PATROCINADOS

				
					<div class="fb-comments" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-width="100%" data-numposts="5">&nbsp;</div>