Venezuela lidera 100% de pensionados en América Latina

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro desarrolla una arquitectura del Sistema de Seguridad Social en Venezuela que muestra avances en la protección y garantías para jubilados y pensionados, señala un informe especial de la Vicepresidencia de la República.

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En la actualidad, se cuentan cerca de cinco millones de mujeres y hombres antes excluidos y que hoy 100% son dignificados con la asignación de pensión, ingreso homologado al salario mínimo, aguinaldos a fin de año y con un sistema social de protección e inclusión a través del Carnet de la Patria.

La lucha por la reivindicación de este sector es histórica. En la década de los años 80 y 90, durante los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei, las medidas neoliberales dictadas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial,  fijaban este derecho universal de forma acelerada como un gasto social que marcó la desesperanza en el pueblo que había entregado su fuerza laboral al sistema público y nacional y quienes enfrentaban la liberalización del mercado laboral.

En ese contexto, para 1999, año en que Hugo Chávez, llegó al poder por la vía del voto, la pensión sólo era recibida por 387.000 personas en todo el territorio nacional y en la actualidad el beneficio es entregado a más de cuatro millones de mujeres y hombres (4.535.901), lo que representa 100% de la población en edad para recibirlo, 20 veces más pensionados que hace 20 años.

La historia reciente da cuenta de cómo en los gobiernos del Puntofijismo, las abuelas y abuelos debían hacer grandes manifestaciones de calle para alcanzar un bajo promedio del salario mínimo como pensión de jubilación. Una fuerte represión marcó parte de esta lucha contra quienes habían entregado su fuerza de trabajo y eran atacados ferozmente. Los Derechos Humanos fundamentales se diluían entre perdigones repartidos por la extinta Policía Metropolitana de entonces.

ADULTOS MAYORES, UN COMPROMISO PATRIO

Con estas acciones se cumple con lo establecido en el Plan de la Patria que establece que 75% del presupuesto nacional sea destinado a la protección social del pueblo.

Las banderas de la victoria de Venezuela en materia de seguridad social se levantan con 100% de pensionados y recibe el reconocimiento internacional, como lo expresó Maduro durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Somos uno de los países más igualitarios en distribución de la riqueza”, refirió, mientras informaba que Venezuela alcanzaba un Coeficiente Gini de 0,377 en 2018, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Maduro destacó que el índice ha mejorado notablemente, lo que refleja que somos el país de Latinoamérica con los niveles de desigualdad más bajos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), refiere que 48%, de las personas que superan la edad de jubilación en el mundo carecen de una pensión, mientras que un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que 52% de quienes sí perciben esa remuneración no tienen una cobertura adecuada y el nivel de su ingreso es insuficiente.

El sistema de justicia social venezolano incluye la pensión para las mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 65 que hayan trabajado en el sistema formal e informal.

DESIGUALDADES EN LA REGIÓN

Gobiernos como Chile, Colombia, Perú y Ecuador que hoy forman parte del Grupo de Lima, extensión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para atacar a Venezuela, confrontan situaciones comprometidas en materia de seguridad social y promueven las desigualdades en sus naciones para favorecer a sus intereses.

En el caso de Chile, el cambio del sistema establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet, con un esquema privatizado y basado en el aporte individual, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es uno de los mayores reclamos en las protestas justas del pueblo al Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Con una población que supera los 19 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en su informe del año 2019, registra 1.784.000 afiliados pensionados por vejez, una de las modalidades de jubilación, refiere la Superintendencia de Pensiones del país y en total cerca del 80% de los jubilados recibe una pensión inferior al salario mínimo, según las conclusiones recientes del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones.

Cualquier trabajador en Chile está obligado a aportar 10% mensual de su sueldo a un fondo de pensiones personal, de ahorro individual, del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por una de las siete AFP.

Las AFP, invierten en el mercado de capitales para rentabilizar sus fondos, con los que obtienen unos beneficios millonarios: entre enero y septiembre de este año, sus utilidades sumaron 511 millones de dólares, refirió el portal web Clarin.com/ Mundo, el pasado 14 de diciembre, sin embargo, no entregan montos dignos a los jubilados.

La vejez soñada para los chilenos, no se cumple para todos, porque muchos deben alternar labores esporádicas para aumentar sus ingresos y otros deben ser sostenidos por hijos y familiares para honrar el costo de los servicios públicos.

Aunque las recientes protestas en Chile tienen su génesis en el aumento del pasaje del metro de Santiago, muy profundamente en éstas hay una demanda de cambio en un sistema de pensiones que se corresponde con el llamado “modelo chileno”, que fue un laboratorio del neoliberalismo en los años 80.

Argentina, con una población de 44.560.000 personas, registra 17 millones de jubilados que están entre los más golpeados por la crisis generada por las medidas neoliberales del FMI, convenidas por el ex – presidente, Mauricio Macri, y 70% de estos sufren una situación de pobreza y el otro 43%, roza la indigencia, cita el portal web, RT en Español, a principios del año 2019, en entrevista a la diputada nacional por el Frente Renovador, Mirta Tundis, quien se une a los impulsores del Sindicato de Trabajadores Pasivos (STP), para proteger a 6 millones de jubilados.

En Colombia, el sistema público es parte de un modelo paralelo, y en el marco de una posible reforma, ésta, es criticada por plantear un aumento de la edad de jubilación y del porcentaje de aporte de los trabajadores.

En Perú, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), informó que se censaron 31 millones 237 mil 385 personas al año 2017, y la encuestadora Ipsos, apoyada en fuentes del INEI, estima que, para el cierre del 2018, la población superó los 32 millones. De estos 7 millones 278 mil 800 personas, se encuentran afiliada al sistema de pensiones.

En la nación Inca, los trabajadores formales tienen la obligación de elegir entre afiliarse al sistema público de pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), o al sistema privado en el que operan las AFP, de modo que, cuando se jubilen, puedan contar con una pensión.

Sin embargo, debido, principalmente, a la alta tasa de informalidad, sólo el 19% de los mayores de 65 años reciben pensiones de alguno de estos dos sistemas. Por el contrario, la mayoría de los jubilados no recibe ninguna pensión o, de encontrarse en situación de pobreza extrema, reciben una subvención económica del programa Pensión 65.

El gobierno sostiene un modelo similar al colombiano y pasa también por una crisis que ha generado presión para que se hagan modificaciones.

Según el FMI, en un reporte del último trimestre de 2019, refleja que tal como está el sistema peruano, quienes aporten en el sector privado recibirán una pensión equivalente a un tercio de su sueldo; mientras en el público, el 60%, no recibirá pensión por no haber acumulado 20 años de aportes.

En tanto que Ecuador, que acaba de superar una grave crisis por protestas sociales, tiene su propio dilema por el temor de algunos sectores a que se afecte la jubilación patronal, un derecho de los trabajadores con 25 años de servicio o más, o a nuevas formas de contratación que hoy precarizan el empleo.

Otro aspecto contrario, son los países que tienen la edad de jubilación más alta en América Latina como México, Costa Rica y Perú donde la edad mínima para jubilación es de 65 años para mujeres y hombres.  En torno a esto Venezuela y Bolivia cuentan con las edades de jubilación más bajas de la región.

En cuanto a Bolivia que hoy enfrenta un gobierno de facto con Jeanine Añez, militante del partido de la ultraderecha, Movimiento Demócrata Social, el pueblo que se ha manifestado en las calles en rechazo al golpe de Estado contra el presidente, Evo Morales, reclama además mantener su derecho consagrado a la pensión.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cobertura previsional de Bolivia abarca a 97% de su población, por encima de países como Argentina, Brasil o Chile, todos con un Producto Interno Bruto (PIB) muy superior.

Bajo esas condiciones, la OIT calcula que más de la mitad de los adultos mayores de América Latina no logra recibir una pensión de un sistema contributivo, por lo que se ven forzados a permanecer en el mercado laboral.

GRAN MISIÓN EN AMOR MAYOR, MÁXIMA PROTECCIÓN

El 13 de diciembre del 2011, por Decreto Presidencial N° 8.694, se oficializó la “Gran Misión En Amor Mayor” consagrada para la máxima protección, respeto, bienestar, justicia social a los adultos y adultas mayores de la patria, mediante la universalización del derecho a la pensión de vejez, el acceso al sistema financiero, turismo social, recreación y un programa especial de salud. Este beneficio acoge a las mujeres mayores de 55 años de edad y a los hombres de 60 años en adelante que no hayan podido cotizar las 750 semanas de trabajo necesarias para alcanzar el beneficio o que nunca hayan accedido a este sistema.

Así se dignifica con sentido de justicia de género a la mujer venezolana que por años dedicó su fuerza a criar a los hijos, que es igual criar a la Patria, y que nunca antes fue considerada como trabajadora.

Para el desarrollo de la Misión, se realizó en todo el territorio nacional un censo casa por casa durante tres meses, donde se registraron los adultos mayores y se tomaron en consideración los ingresos que eran inferiores al salario mínimo nacional, para así proporcionar una atención integral con el fin de romper los patrones de desigualdad heredados por la Cuarta República y fijar la asignación de una pensión de vejez o discapacidad.

CARNET DE LA PATRIA, INCLUSIÓN SOCIAL PARA TODOS

Con la implementación del Carnet de la Patria, como sistema de inclusión de las políticas sociales del Ejecutivo y que apunta a proteger al pueblo de los embates de la guerra económica inducida en Venezuela, como método político para doblegar a las naciones, los jubilados y pensionados cuentan con la protección de su derecho constitucional.

Con el Gobierno Bolivariano los pensionados y jubilados son sujetos de máxima protección, inclusión, respeto, bienestar y justicia social y muy especialmente a quienes vivían en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo. Por otra parte, el Ejecutivo le garantiza un espacio al adulto mayor para su capacitación, participar en los desarrollos culturales y socio-productivos del país.

Las garantías del Estado de Derecho en Venezuela, están establecidas en la Ley Orgánica de Protección del Adulto Mayor, donde se establece el derecho a la igualdad de oportunidades y a una vida digna, así como a recibir apoyo familiar y social y elevar su autoestima, además del acceso a la atención preferente en salud, transporte y demás actividades.

CRECIMIENTO Y EQUIDAD

Venezuela, levanta las banderas de la inclusión social y dignifica a 4.095.023, adultas y adultos pensionados, lo que se traduce en 100% de cobertura a la población adulta mayor, con ingresos justos y la protección integral a través del Sistema Patria. Esta política social, tiene su fundamento en el ideario Bolivariano de la Suprema Felicidad Social, plasmado como carta de navegación en el Plan de la Patria 2013-2019 y 2019-2025, que apunta a generar igualdad de condiciones de vida para todos y todas.

El Sistema de Seguridad Social venezolano incluye a extranjeros para que reciban una pensión y han sido abrigados como nunca antes como una política de integración.

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La meta apunta a la reconfiguración y transformación del Estado que rompe con las amarras sociales del modelo neoliberal que se había impuesto por largas décadas de la vida republicana y que había excluido a millones de venezolanos privándolos de sus derechos fundamentales a un sistema justo e igualitario de pensiones.

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