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Venezuela rechaza pronunciamiento de relatores de la ONU

Tan infundadas declaraciones fueron emitidas sin haber elevado ninguna consulta previa o solicitud de información al Estado venezolano

A través de un Comunicado Oficial Venezuela rechazó este viernes las irresponsables afirmaciones realizadas en el día de hoy, por los Relatores Especiales de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección de los DDHH, respecto al presunto uso de leyes antiterroristas en el país para condenar a dirigentes sindicales.

Así lo dio a conocer el canciller de la República, Yván Gil, por medio de un post publicado en su cuenta oficial en la red social X (antiguo Twitter).

En la misiva, el Gobierno Nacional señala que “tan infundadas declaraciones fueron emitidas sin haber elevado ninguna consulta previa o solicitud de información al Estado venezolano sobre los hechos alegados, violando así flagrantemente las normas y principios que rigen la actuación de estos mandatos de las Naciones Unidas, y constituyendo un nuevo episodio de la estrategia de agresión multiforme que de manera permanente se desarrolla contra la República Bolivariana de Venezuela dirigida desde Estados Unidos, principal violador de los derechos humanos a través de la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales”.

A continuación el texto íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

La República Bolivariana de Venezuela rechaza las irresponsables afirmaciones realizadas en el día de hoy, mediante un comunicado suscrito por los Relatores Especiales sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, respecto al presunto uso de leyes antiterroristas en el país para condenar a dirigentes sindicales.

Tan infundadas declaraciones fueron emitidas sin haber elevado ninguna consulta previa o solicitud de información al Estado venezolano sobre los hechos alegados, violando así flagrantemente las normas y principios que rigen la actuación de estos mandatos de las Naciones Unidas, y constituyendo un nuevo episodio de la estrategia de agresión multiforme que de manera permanente se desarrolla contra la República Bolivariana de Venezuela dirigida desde Estados Unidos, principal violador de los derechos humanos a través de la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales.

El Estado venezolano reitera su estricto apego a la legalidad, bajo el principio de la separación de los Poderes Públicos, así como su escrupuloso respeto a la dignidad humana, en especial en la administración de justicia.

Sus instituciones garantizan el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos a todos los ciudadanos, conforme a las libertades consagradas constitucionalmente y a los Tratados Internacionales de derechos humanos.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica finalmente su compromiso ineludible con los derechos humanos en los términos establecidos en la Constitución venezolana y los tratados internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República, así como su compromiso de seguir cooperando, mediante el diálogo y la cooperación genuina, con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos y demás órganos del sistema de Naciones Unidas.

El ministerio Público también se pronunció

Más temprano el Ministerio Público (MP) también manifestó su inconformidad con el pronunciamiento de los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes expresaron su preocupación respecto al uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas sin tener ninguna base para ello.

Mediante un comunicado que publicó el fiscal General Tarek William Saab en su cuenta en la red social X, destacó que el ente rechaza “que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales”, al tiempo que ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos.

A continuación se reproduce íntegro:

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule quienes a través de un comunicado han manifestado preocupación respecto al uso en el país de leyes antiterroristas contra sindicalistas, sin tener ninguna base para ello.

El pasado 1 de agosto los ciudadanos Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, fueron condenados por el juzgado 2 de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, con Jurisdicción a Nivel Nacional, por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión.

El Ministerio Público ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos y rechaza que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales.

Como fue informado oportunamente a la opinión pública, estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP). Este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno nacional, entre ellas, asaltar un Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto.

Con estas armas planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio del 2022, en las que participaría el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y el alto mando militar.

Al momento de la aprehensión, realizada entre el 4 y el 9 de julio del 2022, a los seis se les incautaron evidencia de interés criminalístico que los vinculan a este grupo subversivo.

En base a las evidencias recabadas, el Ministerio Público presentó acusación contra los implicados los días 20 y 23 de agosto de 2022.

El juicio se extendió por casi seis meses y tuvo un total de 13 audiencias, en las que fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaban la acusación, que una vez evaluados llevaron al Juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados.

Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de una organización sindical.

La supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas que se esgrime en la defensa pública de los condenados, no implica algún tipo de inmunidad que les exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atenten contra la paz y la seguridad de la nación.

Es necesario ratificar, que en Venezuela se aplican los principios del derecho al debido proceso, que incluyen el derecho a la defensa y el derecho de los condenados a recurrir el fallo como efectivamente han hecho.

Caracas, 11 de agosto de 2023

Tarek William Saab

Fiscal General de la República

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