InicioPolíticaViolencia colombiana: El arma más usada contra Venezuela

Violencia colombiana: El arma más usada contra Venezuela

Al tiempo que los grandes medios dedican amplio espacio para describir, con lo que parece genuino asombro, cómo en Colombia florece la próspera industria de los mercenarios con calidad de exportación y sello de aprobación de las fuerzas especiales estadounidenses, esa misma mediática obvia con alevosía que desde hace casi dos décadas Venezuela es blanco de esos a los que se les conoce como paramilitares, término que usamos para referirnos a quienes forman parte de un ejército privado, sin bandera ni regulación alguna; leales a quien mejor les pague, es decir, mercenarios.

Así como exaltan, con un guiño de reproche, hazañas de mercenarios colombianos por el mundo, así los medios restan importancia a la denuncia constante de cómo la derecha nacional e internacional, desde la llegada del chavismo a Miraflores, procura socavar la institucionalidad venezolana con violencia armada, como queriendo tapar el rastro de sangre que deja a su paso el intento de acceder al poder, sin votos, y parece que ninguno toma nota de las veces que Venezuela advierte sus planes, es víctima o logra neutralizarlos.

La cultura mercenaria paramilitar en Colombia es tan antigua como el conflicto armado que enluta desde hace 60 años al vecino país, desde entonces, bajo el eufemismo de las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, ejércitos al servicio de los terratenientes que sembraron el terror en gran parte de la población neogranadina.

Con el pretexto de defender a los hacendados de insurgencias como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ejercían el poder absoluto en vastas regiones donde la presencia del Ejecutivo colombiano quedaba reducido a la nada.

La llamada parapolítica cumplía así sus objetivos de reducir al Estado para que no le haga sombra al sector privado, mientras fortalecía el contrabando que extrae recursos desde Venezuela y el tráfico de estupefacientes desde Colombia; a la vez que le quitaban al Gobierno el peso de mantener a miles de efectivos militares regulares, y ni hablar de los pasivos si llegan a retirarse.

Esa parapolítica fue la plataforma para que el más legendario capo de la cocaína, Pablo Escobar, fuera senador y uno de sus delfines, Álvaro Uribe, llegara a ser presidente, cargo que, aseguran incluso sus más cercanos partidarios, aún ejerce por mediación del actual mandatario Iván Duque.

Venezuela bajo ataque. Si en algún sitio han sido empleados los mercenarios colombianos ha sido en nuestro país.
Uno de los más añejos ejemplos de actividad mercenaria data de 2004, cuando se desarticuló un campamento con 153 paramilitares colombianos en la finca Daktari, en El Hatillo, estado Miranda, a pocos kilómetros del palacio de Gobierno. Entrenaban allí para un atentado contra el presidente Hugo Chávez.

El Gobierno había sobrevivido ya a un breve derrocamiento y un largo paro petrolero en 2002 y frente a las predicciones de un triunfo en el referendo presidencial de 2004, la derecha estaba lista para jugar, nuevamente, la carta del magnicidio.
El más reciente caso fue la llamada Fiesta de Caracas, cuando grupos armados atacaron con violencia desmedida a la ciudadanía capitalina.

Su claro objetivo era sembrar terror y presentar ante la opinión pública, especialmente durante la visita de una misión exploratoria electoral de la Unión Europea, que Venezuela está sumida en la violencia y que el Gobierno nacional no puede brindar garantías a los comicios del 21 de noviembre, y menos a quienes vengan a acompañar el proceso.

El despliegue armamentístico, el calibre de las municiones y el ataque a los cuerpos de seguridad no son propios del hampa común, ya que nunca tuvieron algún blanco que ofreciera rédito económico, entonces fueron financiados como fuerza mercenaria en el país.

Entre 2004 y lo que va de 2021, hubo otros ataques mercenarios, como la llamada Operación Gedeón, incursión marítima desde Colombia que la Fanb y las Faes de la PNB lograron neutralizar el 3 de mayo del año pasado.

Las investigaciones revelarían que los mercenarios se entrenaron en Colombia, al punto que la Fiscalía de ese país admitió, en marzo de este año, que “toda la operación se planeó en la ciudad de Bogotá” y acusó a cuatro personas, entre ellos dos funcionarios, por planear y adiestrar a los mercenarios.

No se puede olvidar cómo un fiscal de tránsito, menos de un mes antes de la incursión fallida, el 25 de marzo de 2020, detuvo en Magdalena, frontera con Venezuela, un arsenal con 26 fusiles de asalto calibre 556, AR-15, sin marca ni serie, hechos en EEUU y con munición como para iniciar una guerra.

En el foco de atención

Mercenarios colombianos coparon los medios tras participar en el magnicidio en Haití. Y John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó en su momento que al menos siete de los ex miembros de las fuerzas neogranadinas que participaron en el crimen “habían recibido algún tipo de educación y capacitación financiadas y proporcionadas por EEUU”.
Luego fueron los aprietos del Palacio de Nariño para repatriar connacionales, miembros de ejércitos privados en Afganistán, tras la vergonzosa retirada de la Otan de ese país.Pero, la prensa advertía en 2013 que el Gobierno colombiano, con argumentos como que los talibanes eran menos peligrosos que las Farc, o el ELN, y la paga mucho mejor que una pensión, promovía que ex militares trabajen con el mejor postor, para en 2021 horrorizarse de que uno de esos ex uniformados disparara contra el helicóptero del presidente Iván Duque.

Agresiones

En marzo de 2017 el Fuerte de Paramacay, en Carabobo, sufrió “un ataque terrorista delictivo paramilitar”, denunció el entonces jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos, y ese mes la Fanb desmanteló un cambuche en Táchira.

El 4 de agosto de 2018, el presidente Maduro, las principales autoridades del Estado y parte del cuerpo diplomático sufrieron un atentado con drones explosivos. Jorge Rodríguez, siendo vicepresidente de Comunicación, denunció que todo se planeó en una finca de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.

El 17 de febrero de 2021, el diputado a la AN, Freddy Bernal, informó que la Fanb incautó explosivos al Clan del Golfo que pretendía “saboteo y ataques” en la frontera. En marzo se inició una escalada terrorista contra civiles en La Victoria, estado Apure, y a finales de junio, grupos armados arremetieron contra la policía en Las Tejerías, estado Aragua, preludio de la Fiesta de Caracas. Rodríguez, ahora presidente del Parlamento, denunció que el Gobierno de Iván Duque proporcionó a los paramilitares armamento de alta potencia y llamó a Duque “una verdadera amenaza” para la paz regional.

En 2004 arrestaron a 153 paramilitares en la finca Daktari.

La Fanb y las Faes lograron evitar la incursión marítima de 2020.