InicioSucesosConsignan en Fiscalía informe sobre devastación de equipos de Carbozulia

Consignan en Fiscalía informe sobre devastación de equipos de Carbozulia

El informe evidencia con fotografías los daños en los equipos certificados por técnicos del Ministerio de Desarrollo Minero

Ante el Ministerio Público fue consignado un fajo de informes técnicos sobre la situación de deterioro de la maquinaria empleada en la explotación del carbón, lo cual mantiene parcialmente paralizada a la estatal Carbozulia.

Tal situación es investigada por el Ministerio Público desde el año 2021 (MP-120-821-2021), pero en junio pasado el abogado Juan Pablo Montiel Almeida aportó nuevos elementos con lo cual el asunto se acumuló en un solo expediente de la Fiscalía 50°, según oficio N° 24-FS-1817.

En esa ocasión, Montiel Almeida denunció al expresidente de Carbozulia, Francisco Javier Aguilera Castro, por presuntamente haber realizado una contratación irregular con Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A. lo cual presuntamente le causó una afectación a la república que ronda los 100 millones de dólares.

Y en las últimas horas, Montiel Almeida consignó informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico donde se analiza el daño causado a las maquinarias del Estado usadas por Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A. durante su empleo en Mina Paso El Diablo.

El informe se deriva de una inspección realizada el 26 de julio de 2022 que abarcó la evaluación de dos excavadoras, un cargador frontal, 12 camiones roqueros, cuatro tractores, dos motoniveladoras, dos camiones ballena y dos camiones de servicio, entre otros.

En el informe se muestran fotografías de cómo la empresa Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A. recibió dichos equipos por parte de Carbozulia y cómo los entregó.

Para cada equipo hay una breve descripción de los daños, certificada por los técnicos del Ministerio de Desarrollo Minero. Por ejemplo, una de las excavadoras tiene el motor y las bombas hidráulicas desmontadas. Los motores de giro, la rueda guía y los eslabones de cadenas, cuerpo de válvulas, cilindros y cabina, están deteriorados.

Los contratos

Esos equipos fueron recibidos por Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A. a raíz de un contrato que suscribió con Carbozulia el 18 de octubre de 2018, según consta en documento consignado ante el Ministerio Público.

En la cláusula tercera del convenio se lee: “yo, Ángelo Elvis Candian Rizzi, en representación de la sociedad mercantil Operaciones Mineras y Servicios Lacustres…acepto las condiciones expresadas en el presente documento, haciéndose responsable mi representada del mantenimiento preventivo, reparación…”. Hasta ahora no consta en el Ministerio Público que esa empresa haya cumplido ese compromiso.

De acuerdo a documentos que maneja la Fiscalía 50°, Operaciones Mineras y Lacustres le cobraba a Carbozulia por el alquiler de las maquinarias que esa misma estatal le entregó en octubre de 2018.

Un balance de esos cobros, arrojan que Operaciones Mineras percibió por el alquiler de las maquinarias 3 millones 600 mil dólares, entre 2018 y 2022; dinero que salió de Carbozulia, según reportes. Incluso, hay un contrato que reposa en la Fiscalía 50° donde se especifican las tarifas, entre ellas: movilización interna de los equipos por cambio de frente de trabajo en la Mina Paso El Diablo ($1.200 por hora); movimiento de tierra ($1,75 por metros cúbicos); empleo de camión Cat-785C ($110 por hora) y tractor de oruga ($100 la hora).

Montiel Almeida teme que Operaciones Mineras no cumpla su compromiso de reparar los equipos dañados bajo su administración, debido a que esa sociedad mercantil anunció su disolución el pasado 11 de mayo, según edicto publicado en el diario Versión Final.

Informe actualizado

Una actualización sobre la presunta trama de corrupción en Carbozulia, investigada por la Fiscalía 50°, refiere que en la Mina Paso del Diablo, ubicada en el municipio Mara (Zulia), “se encuentra paralizada la producción de carbón en su totalidad, en virtud de que la maquinaria necesaria para la extracción de dicho mineral fue completamente devastada”.

En el documento se señala a Operaciones Mineras como la presunta causante de dicha devastación.

Pero igualmente el informe establece una presunta vinculación de la referida compañía con el ex ministro de Petróleo, Tarek El Aissami.

“Operaciones Mineras, representada por Ángelo Elvis Candian Rizzi y Brahim Yamal El Maaz Bahssas, cuyo progenitor es Adhame El Maaz El Maaz, hermano de Adnan Taufic El Maaz (fallecido), quien ocupó el cargo de Secretario de Infraestructura de la Gobernación del estado Aragua y designado en enero de 2013 presidente de la antigua Constructora Regional de Aragua (Corasa) por el entonces Gobernador El Aissami, quien está casado con su sobrina…”, relata el informe.

La anticorrupción

El denunciante ha solicitado al Ministerio Público realizar una serie de diligencias encaminadas a establecer las responsabilidades penales y recuperar los recursos derivados de la presunta trama de corrupción en Carbozulia bajo la gestión de Francisco Javier Aguilera Castro, quien fue removida de su cargo el 15 de marzo pasado, es decir, dos días antes que el Gobierno iniciara la Operación Anticorrupción.

La mencionada operación implicó la detención de 61 personas, entre empresarios privados y funcionarios públicos, presuntamente incursos en hechos de corrupción que según el Ministerio Público llevaban como propósito implosionar al Estado.

La mayoría de los 61 privados de libertad están presuntamente vinculados al ex ministro de Petróleo Tarek El Aissami.

De ese grupo de 61 procesados, el Ministerio Público solicitó en mayo pasado abrir un juicio contra 22, entre ellos Antonio Pérez Suárez (ex vicepresidente de Pdvsa), Joselit Ramírez (ex jefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de Pdvsa-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro.

Para solicitar el enjuiciamiento de esos 22 (9 funcionarios públicos y 13 empresarios), el Ministerio Público interpuso un documento (acusación) ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados.

En ese documento se reflejan cifras de cuentas de crudo asignado cuyas divisas nunca ingresaron al Estado venezolano. La sumatoria de esas cifras desglosadas en el documento de la Fiscalía arrojó un total de $5.550.544.290,74, lo cual representa una parte de lo desfalcado, tomando en cuenta que el Ministerio Público también prepara un documento para solicitar el enjuiciamiento de los 9 directivos de la Corporación Venezolana de Guayana, por ejemplo.

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