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Fiscalía apeló absolución de autor de crimen en protestas de 2017 de Caracas

El máximo representante del Ministerio Público, Tarek William Saab afirmó que el fiscal 126 del Área Metropolitana de Caracas interpuso un recurso de apelación en contra de la decisión del Tribunal 15º de Juicio que absolvió al funcionario Arli Méndez Terán, por homicidio calificado perpetrado en contra del joven David Vallenilla.

De esta manera, el militar acusado por el homicidio de David Vallenilla (protestas del 2017) sigue privado de libertad hasta tanto una instancia superior resuelva la apelación ejercida por el Ministerio Público sobre su absolutoria.

Este hecho ocurrió el pasado 22 de junio de 2017 en las adyacencias de La Carlota; en el marco de las protestas violentas (un embrión de guerra civil) ocurridas entre abril y julio de ese año, cuando grupos violentos asediaron la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, intentando traspasar la cerca perimetral y lanzar explosivos caseros y piedras, a quienes custodiaban dicho recinto.

Expresó que ante esta situación, el Ministerio Público abrió una investigación penal en contra de la jueza de este tribunal, por su impropia actuación en este caso de violación a los derechos humanos.

Agregó que con alevosía y por motivos fútiles, Vallenilla fue atacado por el victimario con un arma de fuego a corta distancia; lo que le produjo la muerte. «Dichos disparos le perforaron el corazón, el hígado y el pulmón, según se desprende del protocolo de autopsia».

Seguidamente, dijo que «nosotros tenemos la moral de algunos supuestos defensores de derechos humanos. Algunos hasta fueron cómplices de los hechos ocurridos entre los 60 y 70 contra la izquierda y personas que no estuvieron involucradas en la insurgencia».

El Fiscal General de la República hizo un recuento por razones obvias, «porque a muchos de los que adversan al Estado les molesta que hagamos justicia y presentemos casos. Hacen apología a la necrofilia y oda a la muerte. No les duele, buscan sacar una ventaja».

Recordó que «en el año 1995, nosotros propusimos una ordenanza aprobada por la Cámara Municipal de Caracas para prohibir el uso de sustancias tóxicas (bombas o escopetas con perdigones) para dispersar manifestaciones pacíficas», destacando que «en este caso se evidenció un quebrantamiento del uso de proporcional y diferenciado de la fuerza, ya que no había evidencia de que los funcionarios del otro lado de la cerca de la Base Aérea corrieran peligro».

Con indignación, el máximo representante de la vindicta pública señaló que «los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, deben utilizar medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego».

Puntualizó que «cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; B) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana. C) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas».

En este sentido, subrayó que en este caso, «ninguno de estos mandatos se cumplió en este caso, lo que, repetimos, se produjo un quebrantamiento del uso de proporcional y diferenciado de la fuerza».

William Saab aclaró que «el argumento principal de la jueza para decretar la absolución del acusado fue que no se estableció que fue él (Méndez Terán) quien accionó el arma. Un grave error según nuestro criterio, tras haber sido individualizado, imputado, privado de libertad y luego acusado, todo esto desde el mismo momento de los hechos».

Asimismo, señaló que el Ministerio Público presentó suficientes evidencias que permitieron individualizar al victimario. «Entre ellas, la copia de la asignación del arma involucrada al acusado, las experticias del arma que demuestran que fue la utilizada para atacar al joven, pero la jueza decidió este 27 de septiembre absolver al acusado. Hoy dicha decisión está siendo apelada por nuestros fiscales».

«Nadie va a dar clases a esta gestión sobre cómo defender los derechos humanos, menos desde una oficina pagada desde el extranjero. En Venezuela se hace justicia con estándares muy superiores al resto de los países de la región»- dijo.

En este mismo orden de ideas, manifestó que «en el vecino país se practica el terrorismo desde Estado desde hace 60 años. Se convirtió a Colombia en un cementerio. En Chile muchas personas quedaron cegadas por perdigones durante una protesta pacífica de estudiantes. Sobre Brasil y Perú nadie dice nada».

El fiscal General indicó que «es un compromiso de esta institución y de este Fiscal General el lograr justicia en todos estos casos de violaciones a derechos humanos donde hemos logrado identificar a los responsables y continuaremos trabajando arduamente para lograrlo en todos los casos».