Actualmente unos 30 países de América exigen visa a los venezolanos y más del 50% de esta lista han adoptado la medida durante los últimos cinco años como una reacción en cadena que lejos de controlar el proceso migratorio lo que hace es volverlo más complejo.
En el olvido quedó la época en la que los viajeros venezolanos disponían de divisas y eran recibidos con los brazos abiertos en Panamá, Colombia, Aruba, República Dominicana y demás países del mundo, interesados en captar inversiones venezolanas en todos los niveles.
Poco tiempo le bastó a gobiernos como los de Chile, Colombia y Estados Unidos que hace un par de años mostraban preocupación y “solidaridad” por la situación en Venezuela, quienes alentaron la recepción de migrantes venezolanos y hasta facilitaron los trámites legales.
La mayoría de estos gobiernos han utilizado el tema de la migración venezolana como un arma política, sobre todo en épocas electorales, en las que la preocupación y solidaridad se ajusta a los intereses del momento.
Les cerraron las puertas
Un ejemplo de ello lo vemos en Chile con Sebastián Piñera, quien en el 2019 desde la frontera colombo-venezolana junto a los gobiernos de Colombia (Iván Duque) y de Estados Unidos (Donald Trump) organizaron la entrega de una “ayuda humanitaria” a los venezolanos, lo que más tarde se denunció como un intento de desestabilizar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En esa oportunidad Piñera señaló al gobierno de Maduro de perverso por negar la ayuda humanitaria a Venezuela. En un par de años estas palabras se voltearon en contra del presidente chileno y las acciones que su gobierno ha emprendido en contra de los migrantes venezolanos.
En febrero del 2021, en plena pandemia, el gobierno de Chile amparado en el Plan Colchane de tolerancia cero a la migración irregular, expulsó a 138 migrantes provenientes de Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú, quienes habrían ingresado a territorio chileno de forma ilegal y que fueron devueltos a sus países de origen en un vuelo de la Fuerza Aérea Chilena.

En esa oportunidad el gobierno de Piñera amenazó con continuar las expulsiones y así ocurrió. Hasta noviembre del año pasado iban siete vuelos y 800 extranjeros ilegales expulsados de Chile, entre ellos cientos de venezolanos.
El pasado 12 de febrero entró en vigencia en Chile una nueva Ley de Migración y Extranjería que contempla la expulsión, devolución y reconducción de migrantes ilegales a sus países de origen o procedencia, lo que ha agudizado la situación con los migrantes ilegales que se encuentran en el paso fronterizo chileno de Colchane e Iquique.
Agresiones al migrante
Las acciones del gobierno chileno han promovido también un clima de agresión contra los migrantes venezolanos que se encuentran en la frontera norte de Chile. En septiembre del año pasado unas tres mil personas protestaron en Iquique contra los migrantes venezolanos a quienes les quemaron sus pertenencias.
En respuesta a esta situación el presidente Nicolás Maduro se pronunció diciendo: “¡Esa es la derecha pinochetista, xenófoba, discriminatoria, que persigue a nuestros hermanos y hermanas!” y ordenó la activación de un plan de Vuelta a la Patria para ese grupo de venezolanos que fueron atacados en Iquique.
Esta agresión a los venezolanos en Iquique también fue condenada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes, así como por usuarios de las redes sociales que las consideraron inhumanas.
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, Felipe González, la calificó como una humillación inadmisible.
Ya no les conviene
Este clima de tensión hacia los migrantes venezolanos se vive también en Perú, Estados Unidos, México y Colombia. Basta con revisar las noticias de venezolanos en esos países y ver cómo en muchos casos son atropellados sus derechos.
En Perú hace dos semanas el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, propuso como parte de sus propuestas electorales que los ciudadanos extranjeros no trabajen haciendo servicio de delivery, mototaxi, ni taxi en su distrito, señalando que hay un incremento de robos y de delincuencia ciudadana.
La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, durante la sesión virtual del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo el pasado 17 de febrero que su país no puede “seguir asimilando” migrantes venezolanos por tratarse de los “sectores menos pudientes y calificados” de esta población.
Por su parte Estados Unidos a pesar de que el año pasado dictó un estatuto de protección para los migrantes venezolanos, el cual resulta costoso para los venezolanos (unos 2 mil 500 dólares, según reportan algunos usuarios en las redes sociales) ha continuado con la política de deportación de venezolanos a Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago y México.
Esta medida que había sido criticada por el mandatario estadounidense Joe Biden en su campaña presidencial ahora es implementada con mayor rigurosidad hacia los venezolanos, a quienes se les aplica el título T42 como medida sanitaria amparada en la covid-19 y que justifica las deportaciones de forma inmediata de migrantes ilegales.
La primera deportación de venezolanos a Colombia bajo el título de T42 ocurrió el pasado mes de febrero y fue confirmada en rueda de prensa por Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, quien aseguró que el gobierno estadounidense realizará este tipo de deportaciones de forma regular.
Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela y activista por los derechos de humanos y de los migrantes, asegura que el tratamiento que los Estados Unidos da a los migrantes venezolanos violenta el estatuto de los refugiados de 1951 e implementa un mecanismo perverso en el que el insumo es la migración venezolana.
«Los Estados Unidos no convienen con Colombia la deportación. Los Estados Unidos simplemente instruyen, porque Colombia en su proceso administrativo es un instrumento (…) Los EE.UU no tienen la capacidad para tener en su territorio a migrados venezolanos, porque le interesa mucho más que estén en territorio colombiano, porque es allí donde hay el lucro, el flujo de caja que ha favorecido a actores de la política de oposición del gobierno de Nicolás Maduro en territorio colombiano, a través de las contrataciones que hacen desde sus ONGs», explicó Tanus en una entrevista que difundió en su red social twitter.
Campaña mediática
Especialistas en el tema migratorio consideran que parte del rechazo hacia los venezolanos en el extranjero es promovida por campañas comunicacionales que pretenden justificar las deficiencias de los gobiernos de estos países con la creciente presencia en sus territorios de venezolanos a los que señalan de delincuentes.
Precisamente este 28 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció una sostenida campaña mediática para criminalizar a los venezolanos y justificar una intervención contra Venezuela.
El mandatario venezolano recordó que en su país viven más de 12 millones de extranjeros y que más de 6 millones de colombianos han sido recibidos en Venezuela.
Increíble realidad
Lo cierto es que hoy los venezolanos antes de cruzar la frontera deben elegir muy bien su destino y las posibles consecuencias de esta decisión. Actualmente 100 países en el mundo exigen visa a los venezolanos, de los cuales 31 se encuentran en América Latina.
Paralelo al crecimiento del éxodo de venezolanos por el mundo, de la misma forma lo hizo el cierre de fronteras y la promulgación de leyes para frenar el ingreso de nuevos migrantes. Desde el 2017 hasta el 2022 hay 19 territorios que han impuesto el requisito de visa a los venezolanos.
En el 2017 comenzó Panamá (octubre) y Honduras (noviembre) a solicitar visa a los pasajeros venezolanos. Un año después a estos países se les sumó Guatemala (marzo), Chile (abril) y Santa Lucía (agosto).
Durante el 2019 cuatro gobiernos de la región empezaron a exigir el visado para los venezolanos: Perú, Trinidad y Tobago (junio), Ecuador (agosto) y República Dominicana (diciembre).
En el 2020 hubo una pausa debido a las restricciones de viaje producto de la pandemia y en enero del 2021 Nicaragua comenzó a exigir visa a los venezolanos, al igual que las islas caribeñas de Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, San Eustaquio y Saba.
Y más recientemente iniciando este año 2022, los gobiernos de México (21/01), Belice (27/01) y Costa Rica (21/02) publicaron también normativas legales que obligan a los venezolanos a tramitar una visa para poder entrar a sus territorios.
Además de estos 19 territorios, existen otros 10 países de la región que ya desde antes del 2017 pedían visa a los venezolanos: Bermuda, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Islas Malvinas, Surinam, Anguila, Montserrat y Cuba.
En cuanto a los países de la región que no piden visa a los venezolanos se cuentan siete: Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Guayana Francesa, Paraguay y Uruguay. En general, a nivel mundial los venezolanos pueden ingresar sin visa a unos 125 países.




