Imposible negar la inequívoca vocación golpista de la ultraderecha venezolana. Quien a estas alturas no haya considerado el invariable carácter conspirador de ese sector de la política venezolana como un indiscutible rasgo definitorio, sencillamente no ha estado en el país a lo largo del último cuarto de siglo.
Para esa oposición, la democracia no es el pacto que se estableció en las sociedades modernas como modelo avanzado de organización para asegurar así el armónico desenvolvimiento del Estado y, por ende, el bienestar del pueblo, sino el mecanismo para asaltar el poder a la primera oportunidad, independientemente de la voluntad mayoritaria de la gente.
Por eso su “lectura” de la constitución no es la del ciudadano ávido de la pureza del derecho, sino la del timador que procura encontrar en el mismo texto constitucional las formas de violarla y de ponerla, precisamente, al servicio de los intereses sectarios que más atentan contra los principios universalmente aceptados de la democracia.
Presentando como justificación de su accionar esa tan particular y acomodaticia lectura de la constitución, la ultraderecha ha conspirado por más de dos décadas contra la legitimidad del gobierno, pretendido desconocer las competencias del Poder Electoral, saboteado las elecciones con llamados a abstención e intervención internacional, e incluso instaurado un gobierno paralelo sin elección alguna de por medio, terminando por convertir su fracaso en todos esos intentos en lo que han logrado posicionar ella y los medios de la derecha como “la crisis venezolana”, cuya única solución, siempre según el delirante enfoque inconstitucional en el que se basa, sería que se le entregara el poder y que el chavismo fuese abolido para siempre.
Hoy vuelve a leer como mejor le parece la constitución y entiende el amparo constitucional solicitado por un diputado opositor contra el a todas luces fraudulento proceso de primarias internas llevado a cabo por la oposición, como la supuesta “anulación” de dicho proceso, cuando de lo que se trata es de una suspensión provisional para llevar a cabo la revisión legal de esa elección y establecer si efectivamente hubo alteraciones indebidas de las mismas en detrimento de la voluntad de sus propios electores.
@SoyAranguibel
